Ahome (Los Mochis): El laberinto de la justicia se alarga en la SCJN::

El reloj político de Sinaloa pareció congelarse este martes 3 de marzo de 2026 en los solemnes pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que se perfilaba como el desenlace inminente para el futuro de Gerardo Vargas Landeros, terminó diluyéndose en un silencio calculado. El expediente, que aguardaba en el sexto turno, fue desplazado al punto 16 para finalmente quedar “en lista”. Para el municipio de Ahome, el mensaje es nítido: la incertidumbre es el nuevo estado de sitio.

El origen: El estigma del Acuerdo 80

Para descifrar este laberinto, hay que volver la vista al 2 de mayo de 2025. Aquel día, el Congreso de Sinaloa selló el destino de Gerardo al aprobar el Acuerdo 80, retirándole el fuero tras las presiones de la Fiscalía Estatal. Fue una sesión secreta, de esas donde la unanimidad huele a consigna;

La narrativa jurídica parecía inamovible: bajo el peso de causas penales por el polémico arrendamiento de patrullas a Grinleasing —un contrato de 171 millones de pesos—, el alcalde debía separarse del cargo. Sin embargo, en el Derecho, la forma suele devorar al fondo.

¿La forma es fondo? La puerta equivocada

Hoy, la moneda está en manos del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García. Su proyecto propone una tesis demoledora: invalidar el desafuero por un error procedimental. El argumento es que el Congreso “no tocó a la puerta correcta”; notificaron al Ayuntamiento como ente colegiado, pero omitieron la notificación personal al “agredido”, en este caso, al propio Vargas Landeros.

Es la justicia suspendida por un tecnicismo; el destino de una alcaldía pendiendo de lo que parece un simple error de mensajería. De avalarse el proyecto, la Corte ordenaría la restitución inmediata, obligando al Congreso y al Ejecutivo a dar marcha atrás al reloj.

La contraofensiva y el “lavado de manos”

El Poder Legislativo no se queda cruzado de brazos y lanza una embestida de última hora: alegan que Gerardo sigue vinculado a proceso y que su regreso desafiaría la ética pública. Pero seamos honestos: las carpetas abiertas huelen a pólvora política diseñada para sacar a Gerardo de la jugada. No es casual que el ataque arreciara justo cuando alzó la mano.

¿Y qué dijo el gobernador Rubén Rocha Moya en su momento? Se lavó las manos como Pilatos en Semana Santa. Apeló a la “autonomía” de la Fiscalía y la ASE, esos órganos que en Sinaloa parecen independientes solo en el discurso. “No quiero contaminar el proceso”, declaró en su semanera. La realidad es otra: la relación entre ellos nunca sanó desde que Mario Delgado hizo trampas en aquella encuesta interna de 2020 ..

El “hilo de oro” y el horizonte de 2027

Aquí es donde la crónica se humaniza. El tiempo —esa “sabia virtud”, diría Renato Leduc— es la única variable que no logramos despejar. Gerardo, hasta hoy, es un indiciado que goza de la presunción de inocencia. Esa presunción es el “hilo de oro” que mandata el Artículo 20 constitucional; no es una sugerencia, es un mandato para evitar que el Estado aplaste al individuo antes de probar su falta.

Más allá de la resolución técnica, el proceso funciona como una plataforma de sobrevivencia. Para personajes como Vargas, el ruido jurídico es una herramienta contra el olvido. Al igual que sucedió con Jesús Estrada Ferreiro, la verdadera batalla no solo está en los expedientes, sino en la agenda pública. “El Trébol” busca mantenerse vigente para 2027; le interesa estar en la boleta, y en política, se vale.

La justicia sigue “en lista”. Los grandes árbitros se reunirán en los próximos días mientras el municipio de Ahome habita un limbo jurídico que, por ahora, decidió alargarse un poco más.