Dentro de los asuntos pendientes en la agenda política nacional, el del presidencialismo acompañado de un efectivo equilibrio de poderes se ha convertido en uno de los más relevantes, ya que alrededor de la figura presidencial se configuran esperanzas cada seis años, un nuevo porvenir y el ferviente e irónico deseo basado en la ciega creencia de que el “señor presidente” lo puede todo.
Lamentablemente del anhelo hemos pasado a la incertidumbre sobre el futuro que le esperará al país. De continuar con un presidencialismo omnipotente, sin restricciones y vigilancia por parte de los poderes Legislativos y Judicial, el destino de la Nación será incierto y la transición a la democracia podría complicarse.
Abordar el tema de un nuevo presidencialismo, significa de entrada, un ejercicio democrático, pues a lo largo de nuestro devenir histórico; el cuestionar o criticar a la presidencia equivalía a enfrentar el juicio del santo oficio político mexicano.
Sin embargo, es hora de hacer un examen a la presidencia de la República para eliminar los vestigios de autoritarismo aun prevalecientes en nuestro sistema político, debido al excesivo e ilimitado poder presidencial que le permita avasallar y subordinar al poder Legislativo y Judicial.
Por lo tanto, la tesis central que recorrerá las siguientes líneas está basada en el afán de transformar el actual presidencialismo omnímodo en un presidencialismo acotado y controlado a través de los poderes Legislativo y Judicial, para que de esta forma exista el verdadero equilibrio de poderes y no el meramente formal en el que hemos vivido los mexicanos durante varias décadas.
DE LA PRESIDENCIA OMNIMODA A LA PRESIDENCIA ACOTADA
El nuevo sistema presidencial que deberá imperar en nuestro país tiene que ser democrático y obviamente controlado por los poderes Legislativo y Judicial, ya que lamentablemente dentro de la liturgia política nacional las decisiones provenientes por parte del jefe del Ejecutivo rebasan el marco legal y el supuesto control legislativo.
Para arribar a este nuevo presidencialismo se tendrán que realizar modificaciones constitucionales que delimiten un nuevo orden jurídico en el que habrá de limitar la respectiva actuación del presidente; estas reformas serán posibles siempre y cuando exista un sistema de partidos sólidos y se elimine la sobrerrepresentación priísta en el Congreso de la Unión en donde deberán discutirse y aprobarse dichas reformas.
El papel tanto del Legislativo como del Judicial para acceder al equilibrio real de poderes y a la consolidación de un nuevo esquema presidencial, será discutido en sus respectivos capítulos.
Antes de mencionar las atribuciones que se le tendrán que acotar al Ejecutivo, señalaré brevemente algunos de los arreglos institucionales que han sido propuestos por importantes analistas del acontecer político para llegar a un régimen más democrático que el presidencialista, o al menos, para atemperar el carácter mayoritario de éste.
Para pensar en un nuevo sistema presidencial es necesario ubicar el planteamiento dentro del llamado proceso de la transición a la democracia que es parte de una etapa de cambio mundial que se ha generado a partir de los años setenta, de acuerdo a la optimista expresión de Samuel Huntington, (1) sobre la ola democratizadora que están viviendo los países en vía de desarrollo.
Es necesario entonces situar la modificación del actual régimen conforme a los arreglos más convenientes que conduzcan a la transición pactada sin que existan riesgos de desestabilización.
Para Juan J. Linz la mayor parte de las democracias estables son sistemas parlamentarios, porque el régimen presidencial sigue el modelo de la democracia mayoritaria y “en un país de transición a la democracia, este tipo de arreglo institucional aumenta muchísimo la tensión y la polarización política”.(2)
Por su parte Arend Lijphart opina que: “La democracia de consenso, la que comparte, limita y dispersa el poder, es particularmente más apta para democratizar un sistema y para consolidar la democracia que el sistema mayoritario puro, y el presidencialismo presenta una fuerte tendencia hacia la democracia mayoritaria”.(3)
Mientras tanto, Alonso Lujambio expresa lo siguiente: “Sin embargo, los críticos del sistema presidencial de gobierno, que tienen a su favor un impresionante arsenal de argumentos, han olvidado que al formato suma cero de la competencia presidencial, por naturaleza mayoritario y excluyente, pueden convivir con otro arreglo institucional que permita compartir el poder, que es por naturaleza consensual en vez de mayoritario, inclusivo en vez de excluyente y que puede contrarrestar el carácter mayoritario del régimen presidencial del gobierno me refiero al federalismo”.(4)
Con los planteamientos anteriormente reseñados queda manifiesta -a excepción de Lujambio- la tendencia hacia el régimen parlamentario como un sistema más estable, justo y democrático. Sin embargo, es pertinente aclarar que nuestro régimen presidencial es una copia del norteamericano y por lo tanto un experimento que día con día ha buscado perfeccionarse aunque, lamentablemente esa búsqueda haya sido detenida por fines contrarios al bienestar de la Nación. No es necesario suplantar el régimen presidencial por un parlamentario, ya que a pesar del carácter inclusivo y consensual que lo define, también está latente el riesgo de la hegemonización del poder en un solo partido; si nuestro poder Legislativo fuera pluralista y aplicara su función de control al Ejecutivo, evidentemente existiría un balance del poder y la ascensión a un régimen más democrático.
Por lo pronto, es necesario acotar el poder ilimitado del Ejecutivo en lo que se refiere a sus facultades legislativas en materia económica y hacendaria y las llamadas metaconstitucionales. Indudablemente existen otras facultades que habrían de reducirsele a éste pero en el inicio de este largo sendero que implica un cambio político en el país, es de vital importancia considerar las anteriormente citadas; de lo contrario, estaríamos entonces formando parte de las democracias “delegativas” como ha llamado el politólogo Guillermo O’Donnell a los regimenes en donde el presidente gobierna a su antojo; y como bien señala Jaime F. Cárdenas Gracia: “Si se reducen o limitan sus actuales poderes constitucionales tendremos varias consecuencias:Se obtiene, y esto constitucionalmente es lo más importante, un equilibrio de poderes”.(5)
El presidente buscará el apoyo de las Cámaras para muchos asuntos; gobernará con ellas.
Si su partido tiene la mayoría en las Cámaras, no le será difícil gobernar siempre y cuando exista un nivel aceptable de disciplina partidaria.
Si no tiene la mayoría, estará obligado a pactar alianzas con los partidarios de oposición o por lo menos, intercambios para lograr que determinadas leyes que le interesen logren ser aprobadas.
Genera este equilibrio actitudes menos imperialistas que la primera solución.
Cabría hacer mención que Cárdenas Gracia es partidario de un nuevo orden constitucional y sobre el presidencialismo argumenta que: “Como ha quedado manifiesto, el régimen presidencial para el México futuro que aspira a ser democrático no es el mejor diseño para combinar gobernabilidad con democracia. Parecería más adecuado un régimen parlamentario con voto de censura constructivo(…)…” aunque pienso que el régimen presidencial para México no es la mejor opción, se ha decidido en este trabajo por las consideraciones expuestas en el párrafo anterior, analizar las posibilidades de un régimen presidencial democrático acotado, sin que ello, implique la preferencia por este tipo de régimen o que se descarten otras alternativas. Sartori, por ejemplo ha insistido en un presidencialismo alternativo para México, hipótesis que no puede ser descartada ni abandonada, ni por teóricos ni por políticos de la transición”.(6)
Después de este breve exordio es necesario delimitar las atribuciones que se le tendrán que acotar al Ejecutivo Federal para conseguir o intentar un eficaz equilibrio de poderes. Las facultades que posee el presidente en nuestra Constitución son extensas, permitiéndole actuar bajo su libre albedrío sin freno alguno, por ello es necesario restringir este poder del que ha gozado durante varios sexenios, por medio de reformas constitucionales que regulen su actuación en un marco legal inviolable.
En esta nueva etapa tendríamos que especificar claramente las materias en que deberá de legislar el Ejecutivo para que éste no invada esferas que no le corresponden; ya que durante mucho tiempo el poder Ejecutivo se ha erigido como único legislador, cuestión aberrante dentro de un sistema basado en la aparente división de poderes.
Es preciso reducir la intervención del Ejecutivo en el proceso legislativo, puesto que nunca permitiría la aprobación de una ley que vulnere su amplio margen de actuación, valiéndose para ello del llamado “derecho de veto” esto quiere decir, que el Ejecutivo Federal prácticamente ha moldeado su poder irrestricto, su propia inmunidad y hasta su propio país.
En este mismo punto es conveniente que se revise la legalidad de las modificaciones constitucionales que se han realizado por iniciativa presidencial, en razón de que el presidente sólo tiene “derecho de iniciar leyes y decretos”, de acuerdo con el artículo 71 de nuestra ley fundamental. Al respecto, Emilio Krieger comenta: “Cabría afirmar que todas las reformas constitucionales de los últimos años, en cuanto a un partido de una iniciativa presidencial, están viciadas de ilegitimidad a nivel constitucional, por la simple y clara razón de que el presidente no está autorizado por norma constitucional alguna para proponer reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.(7)
A su vez, el presidente está facultado para intervenir en la economía del país y en el rumbo que habrá de tomar al respecto, esta facultad tiene que ser examinada minuciosamente para evitar el surgimiento de más “errores de diciembre”, como lo argumentó en su momento el presidente Zedillo para justificar la crisis económica que hasta el momento seguimos padeciendo.
Por lo tanto, es necesario plantear al Congreso la vía económica a seguir para su respectiva aprobación. Asimismo, deberá pensarse en el viraje económico que requiere el país porque hasta el momento los saldos del neoliberalismo o liberalismo social como le han denominado algunos no ha redituado grandes beneficios, sólo ha demostrado que la tecnocracia en el poder es deficiente y que lo aprendido en Yale o Harvard son simples recetas improductivas; aunque como noticia vehemente y consoladora se haya difundido el aumento del PIB A 7.2% en lo que va del año; sin embargo, el endeudamiento externo también sigue creciendo, mientras tanto el gobierno continúa aferrándose al modelo económico actual. Hay que decir que la crisis económica no es responsabilidad exclusiva del neoliberalismo, nuestra élite gobernante debe asumir la parte que le corresponde, finalmente ellos se convierten en cómplices o defensores de las políticas promovidas por el Ejecutivo.
En este mismo punto es conveniente que se revise la legalidad de las modificaciones constitucionales que se han realizado por iniciativa presidencial, en razón de que el presidente sólo tiene “derecho de iniciar leyes y decretos”, de acuerdo con el artículo 71 de nuestra ley fundamental. Al respecto, Emilio Krieger comenta: “Cabría afirmar que todas las reformas constitucionales de los últimos años, en cuanto a un partido de una iniciativa presidencial, están viciadas de ilegitimidad a nivel constitucional, por la simple y clara razón de que el presidente no está autorizado por norma constitucional alguna para proponer reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.(7)
A su vez, el presidente está facultado para intervenir en la economía del país y en el rumbo que habrá de tomar al respecto, esta facultad tiene que ser examinada minuciosamente para evitar el surgimiento de más “errores de diciembre”, como lo argumentó en su momento el presidente Zedillo para justificar la crisis económica que hasta el momento seguimos padeciendo.
Por lo tanto, es necesario plantear al Congreso la vía económica a seguir para su respectiva aprobación. Asimismo, deberá pensarse en el viraje económico que requiere el país porque hasta el momento los saldos del neoliberalismo o liberalismo social como le han denominado algunos no ha redituado grandes beneficios, sólo ha demostrado que la tecnocracia en el poder es deficiente y que lo aprendido en Yale o Harvard son simples recetas improductivas; aunque como noticia vehemente y consoladora se haya difundido el aumento del PIB A 7.2% en lo que va del año; sin embargo, el endeudamiento externo también sigue creciendo, mientras tanto el gobierno continúa aferrándose al modelo económico actual. Hay que decir que la crisis económica no es responsabilidad exclusiva del neoliberalismo, nuestra élite gobernante debe asumir la parte que le corresponde, finalmente ellos se convierten en cómplices o defensores de las políticas promovidas por el Ejecutivo.
En la actual coyuntura política y en vísperas de la XVII Asamblea priísta, el PRI deberá democratizar la selección de sus candidatos y el presidente tendrá que respetar la “sana distancia” prometida; es hora de que el PRI deje de militar en favor del presidente en turno y visceversa, pues de ello depende en gran medida el sostenimiento de un eficaz equilibrio de poderes. Lorenzo Meyer en el libro Mitos mexicanos, escribió sobre el PRI lo siguiente; “El PRI como ente mitológico que surgió del fuego y la sangre de la Revolución Mexicana cuando ésta ya se había hecho gobierno, instituciones y burocracia, empezó a perder sus poderes cuando otro gran mito mexicano también empezó a perderlos: La presidencia de la República”.
Si como dice Meyer, el PRI perdió sus poderes en la medida que los ha perdido la presidencia de la República, entonces el PRI seguirá debilitándose en la medida que el presidente lo haga, por lo tanto, podríamos preguntarnos lo siguiente; ¿Acaso la entrega de Huejotzingo no es un sintoma de dicha debilidad? ya que hasta el momento no es concebible que el PAN haya conseguido Huejotzingo únicamente por la vía de la impugnación, y muchos menos como un reconocimiento al fraude electoral, la propia historia ha dado cuenta de la escasa validez que el PRI le otorga a sus derrotas.
Sea afirmativa o negativa la respuesta a la anterior interrogante, es necesario practicar la “sana distancia”, evitando el apoyo a gobiernos acusados de asesinos y permitiendo que la ley actué en la resolución de conflictos electorales y no el presidente.
Para que el presidente se desenvuelva dentro de los estrictos márgenes que especifica la ley, es necesario delimitar los casos en que se podrá ejercer juicio político de responsabilidad en su contra, ya que conforme al artículo 108 constitucional en donde se menciona: “Que el presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común “(sic), paradójicamente no se precisa cuáles son esos “delitos graves” a que hace mención.
Advirtiéndose de la lectura del citado párrafo sería prudente que el juicio político hacia el presidente y demás servidores públicos debiera prolongarse más allá del término de un año que la ley establece; para que efectivamente rindan cuentas sobre su participación. Hay que tomar en consideración que la herencia Salinista no fue bien recibida por el pueblo mexicano, y sin embargo, los errores de aquella administración no fueron resarcidos.
Aplicar la ley tanto al presidente como a su equipo de colaboradores no es con la pretensión de realizar inmolaciones sexenales, simplemente se trata de hacer valer lo estipulado en nuestra ley fundamental, no debe olvidar el presidente que al tomar posesión de su cargo rinde la siguiente protesta: “Protesto hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión, y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande”.