LAS DEUDAS DE LA JUSTICIA
El equilibrio de poderes y el nuevo sistema presidencial quedaría como un simple espejismo, si en nuestro país no impera la ley y la consolidación de un Estado de derecho.
Junto con la democracia, la impartición de justicia ha sido uno de los principales objetos expuestos dentro de la vitrina de las ofertas gubernamentales; paradójicamente los mexicanos hemos presenciado actividades ilícitas sin castigo alguno, demostrando que las decisiones políticas superan a las jurídicas, si no fuera cierta esta afirmación por qué entonces aun siguen libres algunos de los responsables en el asesinato de 17 campesinos de Aguas Blancas, Guerrero, al igual que los autores materiales e intelectuales de los homicidios de Colosio, Ruiz Massieu, el cardenal Posadas, Polo Uscanga, y de tantas víctimas de la impunidad olvidadas por nuestra memoria.
Las deudas de la justicia con el pueblo mexicano son diversas y para resarcirlas, es necesario que nuestro poder judicial, sea un órgano financiera y administrativamente independiente del Ejecutivo.
Las últimas reformas al poder Judicial en diciembre de 94 no fueron suficientes para garantizar la plena autonomía que requiere este poder para realizar su trabajo. Es obvio que el poder Ejecutivo mantiene una intromisión directa en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y aunque su propuesta tenga que ser ratificada por el Senado no hay garantía de imparcialidad en el proceso.
El mecanismo de selección de jueces, magistrados y ministros debería ser responsabilidad del propio poder Judicial a través del Consejo de la Judicatura; órgano que mantiene la responsabilidad de la administración, vigilancia y disciplina del poder judicial a excepción de la Suprema Corte.
Para que el poder judicial logre ser un órgano independiente, también es preciso que se respeten las garantías judiciales consagradas en la Constitución y que tienen que ver con la inamovilidad, remuneración y responsabilidad de los miembros del poder Judicial; por ello, es pertinente revisar el período que durará en el cargo los principales funcionarios de este poder, pensando en su reelección o ampliando su participación durante más tiempo para que de esta manera, no estén sujetos a la voluntad sexenal.
Por otra parte, es urgente la separación de funciones del Procurador General de la República, quien funge como abogado de la Nación en su calidad de ministerio público para la persecución de los delitos y el ejercicio de la acción penal y a la vez, como consejero jurídico del gobierno. No es posible que exista esta compatibilidad, puesto que la mayor parte de las violaciones a las garantías individuales provienen del Ejecutivo, y por razones políticas no será extraño que el procurador apelara a favor del Ejecutivo.
La actuación del actual procurador ha sido vituperada por algunos, debido a la postura asumida por la PGR en casos como el de Aguas Blancas o el bautizado “Tabascogate”, por haber declarado que los asuntos eran competencia del fuero común y, otros relacionados con fraudes como el caso “Conasupo”, en donde finalmente no se detectó ninguna anomalía.
Si la PGR decide asumir una postura la indiferencia ante el esclarecimiento de crímenes políticos y para castigar a quienes violen la ley, la dependencia sufrirá un descrédito generalizado y el estar encabezada por un panista, pondría en una situación riesgosa la idea de la alternancia en el poder con una esperanza generadora de un cambio político del actual régimen.
En relación al sistema de impartición y procuración de justicia, es elemental arrebatarle al ministerio público la monopolización de la acción penal, la cual se realiza de forma discrecional, vulnerando las garantías individuales, y atentado contra la libertad; sólo
basta recordar el encarcelamiento de Javier Elorriaga y los presuntos zapatistas que lo acompañaban. La libertad del hombre no debe peligrar debido al criterio de una sola persona, ni por órdenes del más alto nivel de nuestra pirámide política.
Las deudas con la justicia son numerosas y por hacer de ella un verdadero valor de la democracia, aun falta un largo sendero por recorrer; no obstante, el juicio de la sociedad mexicana ha iniciado con sus respectivas manifestaciones. Es hora de desmitificar la existencia de los intocables, terminando con los discursos apologisticos e implantando el poder de la ley y de la justicia.
De lo contrario, se ratificaría la gran visión del escritor Elias Canetti cuando se referia al poder de la siguiente manera: “El poder es tan subyugante que a todos se les sube a la cabeza”.
CONCLUSION
La presidencia que anhela México -o al menos un servidor no está inspirada en un poder absoluto hacia el presidente, sino bajo un poder compartido entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en donde cada uno de ellos asuma la función que le corresponde dentro de los estrictos límites de la ley; de no ser así, todo seguirá siendo una utopia y el presidente en turno gobernará sin ninguna atadura. Por lo tanto, es preciso iniciar el largo recorrido que nos falta para arribar a una verdadera democracia y no aquella que sólo se utiliza para ganar votos y ocupar un puesto de representación popular.
Por ello, en estas breves líneas expuse la idea de acotar algunas de las numerosas atribuciones que posee el presidente de la República, fortaleciendo de manera conjunta los poderes Legislativo y Judicial; esta postura no es con la intención de enfrentar a los poderes de la Unión y que uno de ellos sea más poderoso que el otro; al contrario, la idea está basada en la premisa de conseguir un efectivo y real equilibrio de poderes, el cual ha estado ausente de nuestro sistema político.
Estando consciente de que las ideas no son eternas, ni constituyen una verdad absoluta, el presente trabajo es tan sólo una mínima valoración y a la vez una experiencia por contribuir a la conformación de un nuevo sistema presidencial, sin que lo acompañen sus respectivos matices de autoritarismo que dificulten la transición a la democracia.
De esta manera, sólo me resta decir que el nuevo presidente no tendrá que ser el único responsable para asumir las decisiones concernientes al destino de nuestro país; como en la Divina Comedia de Dante, tendrá que ser un “Virgilio” para guiar a los millones de mexicanos en medio del infierno en el que a veces transitamos, consciente e inconscientemente.
NOTAS
16
(1)
Samuel Huntintun, La tercera ola, 1991.
(2)
Juan J. Linz, cit. por Lujambio Alonso, Federalismo y Congreso, Ed. UNAM, México, 1995, pag. 18.
(3)
ob. cit. pág. 19.
(4)
Ibidem, pág 12.
(5)
Cárdenas Gracia Jaime F., Una constitución para la democracia, Ed. UNAM, México, 1996, pág. 61.
(6)
Ibidem, págs. 51 y 52.
(7)
Krieger Emilio, En defensa de la Constitución, Ed. Grijalbo, S.A. de C.V., México 1994, pág. 21.
(8)
Zaid Gabriel, La nueva economía presidencial, Ed. Grijalbo, S.A. de C.V. México, 1994, pág. 18.
(9)
Carpizo Jorge, El presidencialismo mexicano 13a. ed., Ed. Siglo XXI, México, 1996, pág. 145.
(10) Krieger Emilio, ob. cit., pag. 147.