México tiene una memoria que se resiste a morir, pero que el Estado, históricamente, ha preferido archivar en sótanos húmedos. Ayer, la presidenta Sheinbaum presentó un “corte de caja” que intenta poner orden al caos de las ausencias. El mensaje central parece impecable: “para encontrar, primero hay que organizar”. Tras la reforma de julio de 2025, el gobierno nos ofrece una radiografía de 130 mil nombres, divididos en tercios que intentan explicar por qué nos perdimos en el laberinto de la burocracia. Un 36% eran solo apodos —registros fantasma—; un 31% eran personas que ya tenían actividad administrativa pero el Estado no lo sabía; y un 33% son la prioridad nacional: 43 mil rostros con datos completos, pero sin rastro de vida.
Ahi nos dicen está el quid..
Sobre el papel, el avance es notable. La reforma de 2025 mató por fin el mito de las 72 horas para esperar antes de buscar; hoy la inmediatez es ley y la Alerta Nacional conecta instituciones al instante. Oficialmente, esto ha permitido localizar a 31 mil personas en el último año y medio. Sin embargo, aquí es donde la narrativa oficial choca con un muro de realidad. Organizaciones como el Centro Prodh y Fundar lanzan una advertencia necesaria: los números pueden ser engañosos.
Muchos de esos éxitos de localización no nacieron en una oficina climatizada, sino en las manos llenas de tierra de las madres buscadoras, como Ceci Flores. El Estado, a veces, parece llegar solo para poner el sello final a un hallazgo que le pertenece a la sociedad civil. Además, condicionar el registro de una víctima a la existencia de una carpeta de investigación es ignorar la “cifra negra” de México: el 93% de los delitos no se denuncian por miedo o desconfianza. Si no hay carpeta, para el sistema, la persona simplemente no existe.
La ciencia frente a la impunidad
Hay una demografía del dolor que no admite maquillajes: los hombres desaparecidos promedian los 40 años; las mujeres son apenas adultas jóvenes, menores de 30. Mientras el Gobierno celebra la tecnología y nuevas plataformas de identidad, la realidad judicial es un desierto: la impunidad en México ronda el 99.%.
La crítica más severa de Amnistía Internacional es que este “ajuste de cuentas” parece más un ejercicio de escritorio que una metodología científica. Se intenta separar la “Guerra Sucia” del presente marcado por el crimen organizado, pero las familias saben que la línea es borrosa: la participación de agentes del Estado sigue siendo una herida abierta que no se cura solo con software.
Rostros, no números
La verdad es, sin duda, el primer paso, pero la localización física es la única meta aceptable. En esta crónica de ausencias, el mayor riesgo es que la estadística termine por borrar los rostros. El reto para la administración de Sheinbaum no es solo limpiar el archivo, sino reconocer que detrás de cada expediente hay una familia que no busca datos, busca a sus hijos. En México, el orden es urgente, pero la justicia es la única brújula que realmente nos llevará de vuelta a casa.
