Claudia Sheinbaum ha decidido meter el hombro en uno de los terrenos más pantanosos de la administración pública: el artículo 127 constitucional. No es poca cosa. La iniciativa enviada al Senado busca, en esencia, desmontar un sistema de castas en el retiro que, durante décadas, ha permitido que un puñado de exfuncionarios viva en una realidad paralela, muy lejos de la seguridad social que padece el resto de los mexicanos.Los datos que soltó Raquel Buenrostro no son solo cifras; son bofetadas de realidad en un país de asimetrías. Veamos:El fantasma de Luz y Fuerza (LyFC): Resulta increíble que una paraestatal extinta siga siendo el mayor hoyo negro de privilegios. El 67% de sus jubilados cobra entre 100 mil y un millón de pesos mensuales. Estamos hablando de pensiones que representan 140 veces el promedio nacional. Para colmo, les subsidiamos el ISR por 2,400 millones de pesos al año. Como diríamos en la mesa: una “chulada” de cargo al erario.
Pemex y CFE: Los otrora “reinos de confianza” siguen pasando factura. En la petrolera, apenas 544 personas le cuestan al país 1,827 millones de pesos anuales. En la CFE, son más de 2 mil casos los que rebasan el sueldo de la propia Presidenta.La banca de desarrollo: Nafin, Banobras y Bancomext mantienen reductos de una burocracia dorada que parece inmune al paso del tiempo y de las crisis.El ejemplo como arma políticaLa narrativa de Sheinbaum es astuta y, hay que decirlo, muy humana. Al ponerse ella misma como ejemplo —proyectando una jubilación del ISSSTE de unos 30 mil pesos—, no solo lanza un mensaje de austeridad, sino que busca legitimidad ética. Es difícil defender una pensión de un millón de pesos frente a una Presidenta que dice: “con 30 mil se vive dignamente”. Es el uso del espejo para evidenciar la desmesura.
El elefante en la habitación: La ley vs. la voluntad
Ahora, hablemos con el rigor del analista. El ahorro proyectado de 5 mil millones de pesos para programas de bienestar suena muy bien en el discurso, pero el camino jurídico está empedrado de amparos.Aunque la Presidenta afirma que “lo que ganaron antes ya no se puede mover”, la meta de bajar de tajo las pensiones de un millón a 70 mil pesos provocará una tormenta en los tribunales. La gran batalla será técnica: derechos adquiridos contra interés público. El gobierno fue sagaz al no tocar los contratos colectivos para no incendiar los sindicatos, pero el recorte a los mandos de confianza será la verdadera prueba de fuego para nuestra ingeniería constitucional.¿Justicia o solo una buena historia? En este México de 2026, la “pensión dorada” ha dejado de ser un logro de carrera para convertirse en un anacronismo insostenible. El bisturí ha entrado a fondo. Si el sistema judicial valida la reforma, estaremos ante el fin de una era de virreyes del retiro.