Tablero de la austeridad: del Plan A al laberinto del Plan BCuando una derrota se intenta convertir en victoria, el lenguaje se vuelve la principal herramienta política. Tras el freno legislativo al “Plan A”, la presidenta Sheinbaum no optó por el repliegue, sino por una reconfiguración táctica. El llamado “Plan B” se ha desplazado del centro a la periferia, poniendo el foco en los presupuestos locales con una aritmética que incomoda: cuestionar, por ejemplo, por qué un legislador en Baja California cuesta siete veces más que uno en Colima. Es una poda drástica a regidores y síndicos; un bisturí directo a la médula de los ayuntamientos.En este escenario, la narrativa oficial no lee la derrota como un fracaso, sino como una definición ética. La Presidenta ha sido clara: no se busca el consenso a costa de los principios. Para Palacio Nacional, ceder en la reducción de plurinominales o en el financiamiento partidista habría sido una “traición al mandato”. Es la convicción frente a la negociación…, son los nuevos tiempos..Incluso la disciplina interna ha cambiado. Ya no se recurre a la vieja “purga” de pasillo, sino al peso de la “memoria social”. El mensaje de la mañanera de este jueves ha sido pedagógico: no hay represalias administrativas para los disidentes, pero sí una exposición cruda —un balconeo quirúrgico— al juicio del electorado. Es el “quién es quién” llevado al Legislativo, donde el costo de la lealtad lo cobrará la ciudadanía en las urnas. O sea.Sin embargo, detrás de la seductora promesa de que “el ahorro baje al pavimento”, subyacen interrogantes que la técnica no despeja. La crítica académica es severa. En un foro reciente del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, las voces fueron tajantes. Diego Valadés, con la autoridad que le precede, advirtió que este Plan B, al igual que su antecesor, es un retroceso que nos mira desde 1910, aunque se vista de demanda popular.Valadés fue incisivo al señalar que se está replicando la estrategia de Plutarco Elías Calles para fortalecer una hegemonía de partido a través del deterioro de sus rivales…; o sea, un partido de Estado. Y aquí surge la pregunta de fondo: ¿Estamos ante una optimización de recursos o ante la asfixia operativa de la pluralidad? El ahorro de 4 mil millones de pesos, aunque simbólicamente potente, resulta marginal si el costo es desmantelar la capacidad del árbitro electoral.Lo más preocupante es la delgada línea entre la austeridad y la hegemonía. Al reducir los espacios locales y asfixiar a las minorías, corremos el riesgo de transitar del diálogo democrático al monólogo de Estado. La eficiencia no puede ser el caballo de Troya del autoritarismo.El reloj corre: para que cualquier cambio sea aplicable en las intermedias de 2027, la ley exige su publicación 90 días antes del proceso. El desafío no es solo gastar menos, sino asegurar que, en el afán de limpiar la casa, no terminemos derribando las columnas que sostienen nuestra convivencia. Ya lo vimos con la reforma al Poder Judicial: un proceso accidentado que hoy se dirime en la CIDH. No permitamos que la austeridad sea el nombre de un nuevo naufragio institucional.
