Por Fred Alvarez Palafox

Detrás del titular estridente sobre el “decomiso histórico de huachicol” en Guanajuato no había una red criminal desmantelada, sino el trabajo honesto de familias enteras suspendido por la prisa de un titular. Un mes después del despliegue mediático, la narrativa oficial se desmoronó por completo cuando la propia presidenta Claudia Sheinbaum admitió en la mañanera la incómoda verdad: la planta operaba en regla, el combustible era legal y la supuesta gran amenaza se reducía a un detalle administrativo de transporte ya subsanado por la empresa.

El episodio desnuda la faceta más indolente de la Fiscalía General de la República (FGR), reflejada en la prisa por colgarse medallas políticas antes de verificar la realidad. El operativo del 4 de septiembre, cacareado el día 17 a pocas horas de una gira presidencial, no fue un golpe a la delincuencia sino una escenografía montada para la foto. Lo grave de esta ligereza no son solo las cifras infladas sino el costo humano, pues asegurar arbitrariamente 59 millones de litros y estigmatizar públicamente a empresas formales como Grupo Simsa y Gas Natural del Noroeste destruye reputaciones, paraliza el sustento de cientos de trabajadores y siembra zozobra en la inversión legal.

Si la torpeza del operativo indigna, la cobardía posterior avergüenza al carecer de explicaciones por parte de la fiscal general Ernestina Godoy, sin un reconocimiento público del error ni disculpas hacia los afectados. La Fiscalía prefirió esconder la cabeza, dejando que el Ejecutivo absorbiera el costo político de aclarar el desastre.

La secuencia de los hechos expone la magnitud del montaje. Todo comenzó el 3 de julio con la detención de una pipa de 33 mil litros en San Luis de la Paz por un problema de traslado. Para el 4 de septiembre, la FGR irrumpió en San José Iturbide transformando una revisión de papeles en el supuesto aseguramiento de 59 millones de litros, anunciado el 17 de septiembre mediante el boletín 623/26 justo antes de la visita presidencial. Tras la demostración de legalidad por parte de la empresa entre el 20 y 21 de septiembre, la Presidenta se deslindó señalando que correspondía informar a la Fiscalía,obligando a que durante octubre la FEMDO atrajera el caso, rebajara la acusación a simples irregularidades e investigara al delegado regional de la FGR por inflar el expediente, culminando el 21 de octubre con la confirmación presidencial de que todo estaba en regla.

El intercambio en el salón Tesorería del miércoles 21 de octubre duró apenas unos minutos, pero bastó para desmontar la narrativa oficial.

—Aprovechando que está el Gabinete de Energía, ¿tienen alguna actualización del mega aseguramiento de combustible en Guanajuato? ¿Sí fue huachicol o no? —inquirió la periodista Elia Cruz.

—No —marcó distancia la presidenta Sheinbaum—. “Se hizo la investigación por parte de la Fiscalía. Tendría que informarlo la Fiscalía con detalle, pero en realidad eran asuntos ilegales del transporte que entraba al lugar y la empresa lo resolvió. La instalación tenía sus permisos.”

Con esas pocas palabras cayo el telón.

El desenlace expone con crudeza el engaño burocrático que se gesta en las cañerías del poder. Cuando la presidenta cuestionó a la fiscal Ernestina Godoy sobre el caso, la respuesta fue la promesa de una investigación impecable. Hoy se comprueba que aquello no era más que un trofeo de plastilina, fabricado para la foto a costa de ciudadanos inocentes.

La lección es amarga: cuando la justicia se rinde ante el espectáculo de la propaganda, el crimen real celebra la impunidad y la ciudadanía confirma su desconfianza en las instituciones.

Para la historia inmediata!

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