Por Fred Álvarez Palafox
Hoy quiero poner sobre la mesa un tema que nos impacta directamente a todos, aunque a veces suene a simple burocracia: los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias.El gobierno de la Cuarta Transformación acaba de presentar un anteproyecto para radio y televisión. Pero la gran pregunta que debemos hacernos hoy es: ¿estamos ante un verdadero escudo ciudadano o ante una ley mordaza disfrazada de buenas intenciones?
En la mañanera de este martes, la Consejera Jurídica, Luisa María Alcalde, presentó las nuevas reglas del juego. En resumen: cada medio deberá contar obligatoriamente con un Código de Ética y un ‘defensor de la audiencia’. Si a un ciudadano le parece que una noticia es falsa, se queja; si el medio ignora la recomendación, entra el manotazo del Estado con multas económicas considerables.
Además, exigirán separar de forma explícita noticia, opinión y publicidad, castigando la difusión de información, cito, ‘descontextualizada’. A esto se suma que deberá precisarse claramente el derecho de réplica: cualquier persona podrá exigir la corrección de datos falsos o inexactos que afecten su imagen. Finalmente, los medios estarán obligados a contar con servicios de accesibilidad para personas con discapacidad auditiva y a garantizar representaciones visuales respetuosas e inclusivas, lo cual me parece muy bien..
¿Censura?
Por su parte, la presidenta Sheinbaum rechazó tajantemente que se trate de censura. ¿Acaso se cura en salud? Aseguró que es, cito textualmente: un ‘proceso de autorregulación’, y que la audiencia tiene derecho a exigirle al medio que rectifique una mentira o le otorgue derecho de réplica. Aclaró también que la prensa escrita y digital quedan fuera por ahora, y anunciaron una consulta pública hasta el 21 de agosto; lo que parece ser un trámite meramente escenográfico para legitimar una decisión ya tomada.Pero del dicho al hecho hay un trecho. Como bien disecciona hoy Jorge Fernández Menéndez en su columna ‘El derecho a censurar’ en Excélsior, este proyecto tiene dos trampas: su desconexión con la dinámica en vivo del periodismo y, sobre todo, la discrecionalidad.Jorge lanza preguntas demoledoras: el documento dice que la información debe tener ‘oportunidad’ y llegar en tiempo y forma conveniente. Pero, ¿quién determina cuál es ese ‘tiempo y forma’? Si doy a conocer algo que sucedió hace años, ¿estaría violando la norma de oportunidad? ¿Deja de ser información?, cuestiona el periodista.
También exigen ‘veracidad’, respaldada por un, cito, ‘ejercicio razonable de investigación’. Pero, ¿quién establece qué es razonable y qué no?, advierte Jorge. Si un noticiero publica una filtración incómoda —como aquellas llamadas de Marina del Pilar Ávila buscando arreglar sus acusaciones en Estados Unidos—, ¿el gobierno dirá que carece de veracidad o que viola el derecho de las audiencias?Y cuidado con las represalias: si existe una denuncia y el medio la desecha, el órgano regulador podrá imponer multas enormes, de hasta el uno por ciento de los ingresos de la empresa —o incluso intervenirla— con absoluta discrecionalidad.Ante todo esto, las preguntas obligadas son: ¿quién decide qué está fuera de contexto? ¿Quién se erige como el juez de la verdad? ¿Una agencia del gobierno?
Darle al Estado ese poder es intimidación pura para castigar a los medios incómodos. Y por cierto: ¿quién será ese ‘gran Ombudsman’ ¿Un árbitro independiente o un comisionado a modo?Jorge nos recuerda que hace 45 años, Margarita López Portillo intentó usar a la Dirección de Radio, Televisión y Cinematografía de Gobernación para imponer un consejo regulador similar. Aquello habría sido un grave retroceso democrático. Hoy, la historia parece repetirse: la Cuarta Transformación busca el control absoluto imponiendo una narrativa única para asfixiar cualquier voz disidente.