Firme resolución del TEPJF: La estética de la política social, bajo la lupa

Por Fred Alvarez Palafox

¿Dónde termina la obligación institucional del Estado y dónde comienza la campaña de un partido político?
Esta es la frontera que el despliegue de los “Servidores de la Nación” ha desdibujado deliberadamente en las calles. Aunque legal y administrativamente son empleados del gobierno federal sostenidos con recursos públicos, operan en los hechos como una extensión estética de Morena. Al hacerlo, explotan una calculada estrategia visual para capitalizar la política social en las urnas.

Frente a esta maquinaria, el partido político SOMOS acertó al presentar una denuncia que puso el dedo en la llaga. Sin embargo, la respuesta inicial de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del INE pecó de miopía institucional. Al desechar la queja bajo el endeble argumento de que “nadie es dueño de un color”, la autoridad redujo un problema de propaganda gubernamental sofisticada a una simple coincidencia cromática, exigiendo, de manera errónea, pruebas absolutas en una etapa que era meramente preliminar.

Aquí es donde destaca la oportuna y unánime intervención del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En un notable ejercicio de rigor jurídico e independencia, los magistrados le dieron la razón a SOMOS y le corrigieron la plana al INE.

El mayor mérito del Tribunal radica en su negativa a validar simulaciones. La Sala Superior dejó claro que la justicia electoral no puede pecar de ingenua y ordenó investigar a fondo la “similitud visual integral”. Con esto, se reconoce que el problema no es el uso aislado del color guinda, sino el diseño, la confección y la utilización sistemática de esta indumentaria como una herramienta de movilización territorial.

Con este fallo, el TEPJF hace valer su peso como el máximo garante constitucional en la materia. Su resolución es un recordatorio agudo y necesario frente al poder: en la política social, la estética es tanto fondo como forma de propaganda.

Los recursos públicos no pueden ser privatizados visualmente. Garantizar la absoluta neutralidad del Estado mexicano no es una simple sugerencia administrativa, sino el pilar innegociable para asegurar la equidad en los comicios de 2027.