El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, fijó la postura institucional de San Lázaro respecto al relevo en la presidencia del INE y la propuesta de exconsejeros electorales para renovar por completo el Consejo General.
Las definiciones centrales del legislador se resumen en cinco ejes:
i) Prioridad del consenso sobre la prisa: Ante el exhorto de exconsejeros para acelerar el nombramiento, Bolaños subrayó que es preferible privilegiar el diálogo y la prudencia antes que imponer una convocatoria mediante la mayoría simple de Morena, PT y PVEM, lo cual cuestionaría la legitimidad del proceso desde su origen. Asimismo, descartó que el retraso implique una ilegalidad, al encontrarse el proceso en curso.
ii) Negociación y plazos abiertos: Informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) responderá a los ocho puntos planteados por el PAN para la convocatoria. Señaló que no es posible fijar una fecha definitiva para la elección —ni asegurar si ocurrirá antes de que concluya el actual periodo ordinario—, pues los tiempos dependen de destrabar primero el acuerdo sobre la convocatoria y posteriormente instalar el Comité de Evaluación.
iii) Eliminación de «superpoderes» en la presidencia del INE: Respaldó la propuesta opositora (también avalada por Ricardo Monreal) de acotar las facultades extraordinarias de quien encabece el instituto, precisando que actualmente se analiza su viabilidad constitucional durante un proceso electoral en marcha; de no ser posible ahora, deberá concretarse al término de los comicios.
iv) Continuidad del interinato de Blanca Cruz: Aclaró que Blanca Cruz permanecerá legalmente como presidenta provisional mientras no exista acuerdo, brindando estabilidad al haber sido electa por unanimidad. Sin embargo, marcó distancia de la sugerencia de Ignacio Mier de mantenerla hasta concluir el proceso de 2027, reiterando que la Cámara no renunciará a su obligación constitucional de nombrar a una presidenta sustituta por consenso.
v) Descartó sustituir a los 10 consejeros actuales en pleno proceso electoral, argumentando que el órgano opera con estabilidad y que sería inviable pactar 11 designaciones cuando aún no hay acuerdo para una sola. En su lugar, planteó que la prioridad debe ser un proceso sancionador ejemplar —incluidas denuncias penales por parte de la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía— contra Guadalupe Taddei y la presunta red de corrupción detectada en el organismo.El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños-Cacho Cué, fijó la postura institucional de San Lázaro respecto al relevo en la presidencia del INE y la propuesta de exconsejeros electorales para renovar por completo el Consejo General.
Las definiciones centrales del legislador se resumen en cinco ejes:
i) Prioridad del consenso sobre la prisa: Ante el exhorto de exconsejeros para acelerar el nombramiento, Bolaños subrayó que es preferible privilegiar el diálogo y la prudencia antes que imponer una convocatoria mediante la mayoría simple de Morena, PT y PVEM, lo cual cuestionaría la legitimidad del proceso desde su origen. Asimismo, descartó que el retraso implique una ilegalidad, al encontrarse el proceso en curso.
ii) Negociación y plazos abiertos: Informó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) responderá a los ocho puntos planteados por el PAN para la convocatoria. Señaló que no es posible fijar una fecha definitiva para la elección —ni asegurar si ocurrirá antes de que concluya el actual periodo ordinario—, pues los tiempos dependen de destrabar primero el acuerdo sobre la convocatoria y posteriormente instalar el Comité de Evaluación.
iii) Eliminación de «superpoderes» en la presidencia del INE: Respaldó la propuesta opositora (también avalada por Ricardo Monreal) de acotar las facultades extraordinarias de quien encabece el instituto, precisando que actualmente se analiza su viabilidad constitucional durante un proceso electoral en marcha; de no ser posible ahora, deberá concretarse al término de los comicios.
iv) Continuidad del interinato de Blanca Cruz: Aclaró que Blanca Cruz permanecerá legalmente como presidenta provisional mientras no exista acuerdo, brindando estabilidad al haber sido electa por unanimidad. Sin embargo, marcó distancia de la sugerencia de Ignacio Mier de mantenerla hasta concluir el proceso de 2027, reiterando que la Cámara no renunciará a su obligación constitucional de nombrar a una presidenta sustituta por consenso.
v) Descartó sustituir a los 10 consejeros actuales en pleno proceso electoral, argumentando que el órgano opera con estabilidad y que sería inviable pactar 11 designaciones cuando aún no hay acuerdo para una sola. En su lugar, planteó que la prioridad debe ser un proceso sancionador ejemplar —incluidas denuncias penales por parte de la Auditoría Superior de la Federación ante la Fiscalía— contra Guadalupe Taddei y la presunta red de corrupción detectada en el organismo.
