Ayer, afuera de la Corte de Brooklyn, el eco de la justicia estadounidense fue lapidario y no dejó margen para sutilezas. Tras confirmarse la condena a cadena perpetua contra Ismael Zambada, el director de la DEA, Terrance Cole, lanzó una advertencia frontal: la agencia va por todos, no solo contra los capos, sino contra los “funcionarios gubernamentales corruptos” que los protegen, sin importar cuán poderosos sean.
Cole recordó que durante décadas, Zambada lideró el Cártel de Sinaloa —ahora señalado bajo la etiqueta de organización terrorista—, sembrando violencia, corrompiendo instituciones e inundando de fentanilo a su país. “Esto no es el final, es solo el comienzo”, sentenció, mientras el fiscal Joseph Nocella Jr. remataba asegurando que el capo pasará el resto de su vida en la cárcel, el único lugar al que pertenece.
Es en este tenso tablero bilateral donde ciertas declaraciones resuenan como música para las gradas, pero que, en el silencio de los despachos de inteligencia, suenan a cristales rotos. La respuesta de nuestra Presidenta de la República a esta advertencia no se hizo esperar. Fiel a la narrativa de la soberanía, reviró señalando que la DEA tiene “muchísimo” trabajo en su propio territorio, exigiendo que limpien primero su casa y recordando casos vergonzosos, como aquel agente estadounidense exhibido en fiestas con abogados del narco.
La terquedad de los hechos
Es un discurso que, sin duda, arranca el aplauso fácil en la arena política local. Sin embargo, caray, la realidad operativa es otra. La DEA no es una policía de barrio; es una maquinaria diseñada para operar en el extranjero, con más de 80 oficinas en docenas de países, buscando desarticular redes criminales antes de que crucen su frontera.
Hoy, en nuestro país, caminan entre 50 y 62 de sus agentes. Forman parte de un contingente de alrededor de 250 elementos extranjeros -verificados-, que, si bien fueron severamente acotados, despojados de su inmunidad y sometidos a un estricto control armamentístico tras la crisis diplomática de 2020, siguen estando aquí, realizando labores de inteligencia.
No se descarta que hay agentes no acreditados….
Exigir respeto y cuentas claras a las agencias extranjeras es un derecho irrenunciable del Estado mexicano, nien. Pero dinamitar los puentes de colaboración institucional en nombre del aplauso político no pacifica nuestras calles. El crimen transnacional, armado y desafiante, no se combate con discursos mañaneriles, sino con inteligencia compartida, rigor y, sobre todo, con mucha menos estridencia.