Por Fred Álvarez Palafox Hay silencios que aturden y trofeos que hablan por sí solos. Este lunes, el ambiente desde Palacio Nacional estaba cargado de una tensión diplomática que casi se podía respirar. La Presidenta ha lanzado un dardo directo hacia Washington, y la razón es insoslayable. Mientras el gobierno estadounidense negó sistemáticamente haber operado la captura de Ismael Zambada, hoy, el FBI exhibe el avión de su extracción como una medalla en un museo de Nuevo México. Hablamos de la ahora descubierta “Operación Air Kings”. Imaginemos por un momento la escena de aquel 25 de julio de 2024: una aeronave clonada, despojada de radares, volando como un fantasma por el cielo mexicano. Ningún equipo de inteligencia en México pareció detectarlo en tiempo real, salvo por los ecos de un documento del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que semanas más tarde saldría a la luz. Sin embargo, lejos del glamour diplomático, el interior de esa avioneta cuenta la historia cruda: ventanas estrelladas a golpes, asientos rotos, marcas innegables de un secuestro. Una operación encubierta que echó por tierra las primeras versiones del embajador Ken Salazar. Pero la historia no se queda en las vitrinas de un museo extranjero. El costo real, el costo humano, se sigue pagando con sangre en las calles de Sinaloa. La traición que fracturó al cártel ha dejado una estela de violencia y familias desplazadas. Y en medio de este torbellino, asoma un fantasma que la diplomacia no debe eclipsar: el asesinato de Héctor Melesio Cuén, perpetrado ese mismo día. Un crimen que le sigue marcando el tiempo al tiempo en nuestra exigencia de justicia.
La exigencia de soberanía Para este martes, el Ejecutivo ha prometido entregarnos una radiografía oficial de los hechos. Desde Palacio Nacional se anticipa una línea de tiempo minuciosa que abarcará desde el año 2000, pero pondrá la lupa sobre los meses posteriores a la captura. El objetivo es claro: contrastar lo que se dijo entonces con lo que hoy se reconoce abiertamente. Se pondrá bajo el reflector al Fiscal Gertz Manero, las cartas del Embajador de Estados Unidos, la presunta intervención de sus agencias y la protección que, se acusa, ha recibido una facción del Cártel de Sinaloa. Como sentenció la Presidenta, descubrir quién mintió es hoy de una relevancia absoluta para ambas administraciones. Pero preguntamos…Se pondrán sobre la mesa las preguntas que aún aguardan respuesta: I) ¿Quién era verdaderamente el piloto? ii) ¿Hubo agentes estadounidenses encubiertos operando en nuestro territorio? iii= ¿Por qué se brindó protección a una facción criminal? Exigir transparencia en esto no es defender a un capo; es un acto elemental de defensa irrestricta de la soberanía nacional. Más allá del informe que escuchemos, flota en el ambiente una certeza incómoda para el Estado. En este complejo tablero, ha sido el periodismo de investigación el que, a base de oficio, ha arrojado luz donde los aparatos de inteligencia de México solo dejaron sombras. Para muestra, un botón de altísimo voltaje político: el documento revelado por el periodista Miguel Badillo en El Independiente el pasado 14 de octubre de 2024. Se trata de un parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por el Gral. Audomaro Martínez Zapata, que da cuenta de lo que presuntamente ocurrió aquel jueves de julio en Culiacán. El texto, de una frialdad castrense, es revelador. Señala textualmente que, alrededor de las 12:00 horas, en la comunidad La Higuerita, fueron detenidos Ismael Zambada, Joaquín Guzmán López y dos escoltas en “una operación de agentes de la Drug Enforcement Administration (DEA)”, para luego ser trasladados vía aérea hasta Santa Teresa, Texas. Pero el documento va más allá y toca las entrañas del poder local: afirma que Zambada había sido convocado a esa comunidad por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para mediar en su disputa por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) con Héctor Melesio Cuén. A la cita
