Dicen que la justicia tarda, pero los ladrillos de la impunidad terminan por desmoronarse. Hoy, en dos frentes distintos, el Estado mexicano mandó un mensaje clarísimo sobre la recuperación de activos manchados por la corrupción. Porque, cuando se aplica de manera objetiva y sin miramientos, la ley es la ley.
Empecemos en la Suprema Corte. El ministro presidente, Hugo Aguilar, dio el carpetazo definitivo: la mansión de Emilio Lozoya en Lomas de Bezares, valuada en más de 51 millones de pesos, pasa formalmente a manos del Estado.
A Lozoya se le aplicó la extinción de dominio por los presuntos sobornos de Altos Hornos de México. Él intentó defenderse alegando que la ley de 2019 se le aplicó de forma retroactiva.
Aquí hay un dato estructural que no podemos pasar por alto en esta nueva era judicial: quienes le negaron el amparo y validaron el despojo de la casa fueron dos magistrados electos por voto popular, frente al único voto disidente de una magistrada de carrera judicial.
Lozoya aún no es declarado culpable en su proceso penal, pero la extinción de dominio es un juicio civil; los indicios de dinero ilícito bastaron. El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado tiene ahora luz verde para liquidar el inmueble, o darle el uso que sea más propicio…
Por otro lado, la balanza también se movió en el extranjero. Hoy, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, confirmó en la mañanera otra victoria financiera. El gobierno mexicano logró recuperar 5.8 millones de dólares ligados a la red de contrataciones ilícitas de Genaro García Luna y la familia Weinberg en Florida. T
ras un largo litigio civil en Miami, apenas este 25 de agosto esos recursos entraron a la Tesorería de la Federación, y aún quedan doce propiedades pendientes de liquidar.
Dos exfuncionarios de altísimo nivel. Dos símbolos del abuso de poder en sexenios distintos. Hoy vemos cómo el rastreo financiero y los tribunales civiles logran lo que los empantanados juicios penales a veces no alcanzan: golpear directamente el patrimonio mal habido.
La recuperación de lo robado no admite colores partidistas, es una exigencia ciudadana irrenunciable. Al final del día, lo que verdaderamente importa es que el dinero regrese a las arcas públicas y que, sin importar los apellidos, simplemente, la ley sea la ley.
Fuente. Reforma…
