Por Fred Álvarez Palafox
La renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del INE pone sobre la mesa una discusión ineludible sobre la rendición de cuentas, pero también expone las contradicciones recurrentes en el ejercicio del poder y el control del relato político en México.
Por un lado, es cierto que ninguna institución encargada de la vida democrática puede operar bajo la sombra de la opacidad, los privilegios o los posibles conflictos de interés. La exigencia de que la Auditoría Superior de la Federación investigue a fondo el manejo de recursos públicos no solo es legítima, sino indispensable para limpiar la casa de la autoridad electoral. La promesa de separar el poder político del económico y erradicar la corrupción exige rigor, fiscalización y cero impunidad, sin importar quién ocupe el cargo.
Sin embargo, el discurso oficial peca de una preocupante selectividad cuando se apropia de la bandera de la lucha contra la misoginia para apuntar exclusivamente hacia la oposición, tal como lo reiteró la Presidenta Sheinbaum en su conferencia matutina de este lunes al señalar una “degradación muy grande” por parte de sus adversarios.
Si bien es innegable que los ataques personales y las burlas misóginas difundidas durante los últimos días son reprobables —y que, como afirmó la mandataria, a ninguna mujer se le debe agredir por razones personales—, la postura oficial incurre en una omisión imperdonable al eludir cualquier autocrítica. Porque antes de los memes y de la burla hacia una figura pública (Taddei) estuvo el hecho: el breve video filtrado por Latinus desnuda con crudeza la frivolidad del escenario y se convierte en la estampa de una profunda pérdida de pudor institucional.
Esa grabación expone cómo se diluyó la indispensable distancia entre el árbitro de nuestra democracia y los excesos presupuestales. Reducir la indignación pública y la mofa ciudadana a un mero “ataque opositor” es ignorar el legítimo hartazgo social ante el espectáculo de la opulencia y el uso patrimonialista del poder.
Aunque los memes y agravios de carácter misógino reflejan una degradación cultural que cruza a toda la sociedad —y que está lejos de ser un monopolio de la oposición—, resulta paradójico que desde el oficialismo se condene con tanta severidad la violencia de género en este caso, mientras se minimiza, justifica o normaliza el hostigamiento sistemático y los embates diarios desde el púlpito presidencial contra otras funcionarias, periodistas o juezas incómodas al régimen.
La condena a la violencia simbólica contra las mujeres no puede ser un recurso discursivo de geometría variable que se invoca según convenga a la coyuntura política; la exigencia de respeto a la dignidad humana debe ser universal y pareja.
Con la vacante abierta en el Consejo General y el relevo en manos de un Congreso con aplanadora oficialista, el verdadero reto no es solo asegurar una investigación técnica y transparente sobre el pasado del INE, sino garantizar que la autonomía del árbitro electoral no sea sustituida por un control político absoluto.
La democracia mexicana no se fortalece debilitando a las instituciones con sospechas ni utilizando los legítimos reclamos de género como herramientas de conveniencia política, sino construyendo un piso parejo donde la legalidad, la ética y el respeto apliquen para todos por igual.
¡Para la historia inmediata!
