12 años después, la misma pregunta: ¿dónde están los muchachos?/ Fred Alvarez Palafox.

La Silla Rota, 23/9/2026 · 22:03 hs

El pase de lista cada vez tiene más silencios. El desgaste, la angustia y el peso de los años cobran factura. Apenas el pasado 21 de agosto, el aliento de don Francisco Rodríguez se apagó, convirtiéndose en el octavo padre de los normalistas que cierra los ojos para siempre sin arrancar la verdad sobre el paradero de su hijo. Su partida profundiza una herida: en 2018, la pena y la enfermedad ya se habían llevado a su esposa, doña Francisca Minerva Bello. Ambos se despidieron con las manos vacías, consumidos por la misma interrogante.

No son solo nombres coreados en plazas; son cuerpos agotados y almas que se extinguen en la sala de espera de la verdad. A más de una década, el caso Ayotzinapa sobrevive como una herida abierta que sangra a través de tres sexenios: Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y, ahora, Claudia Sheinbaum.

Durante la conferencia matutina del lunes 21 de septiembre, la periodista Dalila Escobar (Proceso) confrontó a la presidenta Sheinbaum sobre el estatus de las investigaciones, desnudando las tensiones que asfixian el caso. Tras un evidente tropiezo de comunicación sobre si el nuevo informe ya se había presentado a las familias, el momento definitorio ocurrió cuando Escobar expuso la dolorosa certeza de los padres: el gobierno mantiene un encubrimiento hacia el Ejército. Recordó, además, los 853 folios de inteligencia militar que las Fuerzas Armadas se niegan a entregar.

La respuesta de la presidenta Sheinbaum fue tajante. Aseguró que en su gobierno “no se encubre a nadie” y advirtió que su administración no toma en cuenta “libros de ficción”, defendiendo que las nuevas líneas de investigación se basan en “datos científicos”. Este choque documenta el nudo ciego del caso: el Ejecutivo defiende su nueva narrativa desestimando el trabajo previo, mientras las familias advierten que ninguna prueba pericial será suficiente si el Estado sigue esquivando el papel de los cuarteles militares. Al final, resuena la pregunta: ¿dónde están los muchachos?

El laberinto judicial y el escepticismo

En su más reciente reflexión para El Universal, Alejandro Encinas Rodríguez —expresidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. (CoVAJ)— disecciona un laberinto judicial que no logra conciliar sus avances con el escepticismo de las familias. Las exigencias no ceden: demandan el regreso del GIEI, la apertura de los archivos militares, extradiciones —como la de Tomás Zerón— y el procesamiento penal del exgobernador Ángel Aguirre, en este momento vinculado a proceso.

Y aunque la llegada de Ernestina Godoy a la Fiscalía General de la República (FGR) prometía inyectar un nuevo impulso —una expectativa que hoy despierta profundo escepticismo—, capturas recientes como la del concesionario del Semefo de Iguala, Rodolfo Rueda Mazón, terminan sembrando más dudas que certezas en una herida que sigue abierta.

Respecto al papel de la CNDH y su informe de julio pasado, la postura de Encinas es tajante: para el expresidente de la Comisión, el documento representa un “viraje regresivo”. Se trata de un texto que, lejos de arrojar luz, pretende descalificar los avances alcanzados y revictimizar a las familias que siguen buscando a los suyos. Peor aún, funciona como una vía para exonerar al Ejército y a otras autoridades cuya participación en los acontecimientos ya ha sido acreditada y que, de hecho, continúan enfrentando procesos judiciales por los delitos de desaparición.

La endeble “teoría de las funerarias”

Para desmantelar la antigua “Verdad Histórica” que ubicaba el horror en el basurero de Cocula, el Estado erigió un nuevo relato: los estudiantes habrían sido desmembrados y cremados en la funeraria Rueda de Iguala. Para los padres, esto no es justicia, sino un burdo salvavidas diseñado para exculpar a los mandos militares, concentrando la responsabilidad penal en autoridade