El atril mañaneril, esta vez en Zacatecas, volvió a funcionar este viernes como la oficialía de partes más cara y concurrida de la República, esa donde la titular del Ejecutivo se pone la toga que no le corresponde y asume las funciones de un Ministerio Público tan expedito como selectivo.
Frente a las recurrentes sombras que apuntan hacia el círculo más cercano del poder —ahí donde los apellidos pesan más que cualquier evidencia—, la respuesta oficial no fue la apertura ni la distancia republicana, sino el clásico carpetazo preventivo.
Resulta por demás revelador que la mandataria se convierta en la vocera oficiosa de la Fiscalía General de la República para garantizar, con una ligereza pasmosa, la inocencia anticipada de personajes como Andrés Manuel López Beltrán y el senador Adán Augusto López. Bajo la cómoda coartada de que el primero “no es servidor público” y que del segundo “hasta donde tiene conocimiento no hay nada”, el poder instituye una suerte de fuero moral y mediático que exime de cualquier revisión profunda.
La contradicción salta a la vista de cualquiera que no esté cegado por la devoción de partido: mientras se presume un combate implacable al huachicol fiscal y al contrabando de combustibles, se aplican criterios sumamente laxos cuando las menciones en testimonios e indagatorias rozan los despachos y las herencias del régimen anterior.
No se trata de dictar sentencias desde la mañanera, pero tampoco de usar el púlpito presidencial para dictar exoneraciones express y fungir como fiscal de consigna de los intocables de la casa.
