Por Fred Alvarez Palafox.
En los fríos pasillos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la diplomacia intentó este viernes dar respuesta a una crisis que hace mucho dejó de ser un debate meramente político para sangrar en la realidad diaria de miles de familias.
La aprobación por unanimidad de una resolución que exige al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo la celebración de elecciones libres y la restauración de las libertades civiles secuestradas representa un respiro para quienes resisten, pero también evidencia las complejidades del tablero hemisférico.
Aunque el documento avanzó sin bloqueos, el aparente consenso requirió sortear profundas diferencias sobre cómo leer el conflicto. Países como México, Brasil y Uruguay caminaron sobre una fina línea: condenar el autoritarismo de tajo, pero sin abrir la puerta a un enfoque punitivo continental que pudiera aislar aún más a la región.
Durante la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, el representante mexicano, Alejandro Encinas, hizo eco de la preocupación del Gobierno de la presidenta Sheinbaum ante las declaraciones de Ortega, quien en julio sugirió anular futuros procesos electorales.
A pesar de este firme respaldo a la voluntad democrática, México objetó formalmente que el drama nicaragüense sea catalogado como un riesgo bélico para el hemisferio. “No podemos acompañar la adopción de una resolución que podría contribuir a transformar una situación política de derechos humanos en una cuestión de seguridad regional y abrir un proceso cuyo alcance y posibles consecuencias no están suficientemente delimitados”, advirtió Encinas.
Para no dinamitar la condena general y mantener el peso del mensaje, las delegaciones de México, Brasil y Uruguay optaron por un pragmatismo calculado, evitando el voto en contra o la abstención explícita para permitir la adopción unánime.
Sin embargo, para la comunidad nicaragüense que observa con angustia desde el exilio, el texto —impulsado en bloque por Estados Unidos, Argentina, Colombia, Costa Rica, Bolivia, Paraguay, Perú y República Dominicana— es mucho más que un ultimátum electoral.
Sus mandatos ponen el foco directamente en las heridas humanas provocadas por el Estado, exigiendo a Managua acciones urgentes como:
i) La devolución de la identidad: En un acto de estricta justicia para la diáspora, se exige restituir la nacionalidad a los opositores políticos y ciudadanos que fueron despojados arbitrariamente de su patria, devolviéndoles el derecho fundamental de pertenecer a su tierra.
ii) Verdad para las familias: Se demanda esclarecer de manera pública e inmediata la situación de los desaparecidos políticos, buscando poner fin a la tortura de la incertidumbre y al silencio institucional que castiga a madres, hijos y hermanos.
iii) Reconstrucción del refugio cívico: Restablecer la separación de poderes para devolverle a los ciudadanos instituciones que los protejan y escuchen, en lugar de someterlos al miedo.
iv) Vigilancia internacional y acompañamiento: Permitir la creación y el ingreso de un Grupo Ministerial de Seguimiento de la OEA para monitorear sobre el terreno, garantizando que el clamor de los desterrados y de quienes resisten internamente no se convierta en tinta muerta sobre el papel.
Fuerte abrazo a los nicaragüenses despatriados..
